El ya nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, propondrá a los consejos de administración del grupo la entrada del Estado en el capital de la matriz de la entidad, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), según han informado en fuentes financieras. La operación se realizará a través de la conversión de la ayuda de 4.464 millones de euros que la entidad recibió del primer Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en acciones, con lo que el Estado pasará a controlar tanto BFA como la propia Bankia, la cuarta entidad del país con más de 10 millones de clientes y 340.000 millones en activos.
La propuesta de Goirigolzarri, cuyo nombramiento como el sustituto de Rodrigo Rato ha sido ratificado hoy por el consejo de administración de Bankia y será votado también esta tarde por el de BFA, primero debe logra el apoyo de los consejeros. A partir de ahí, el grupo tiene que comunicárselo al FROB, organismo dependiente del Banco de España, que de aprobarlo debe a su vez informar a Bruselas.
La entrada del Estado en BFA dará toda la libertad al nuevo presidente para nombrar un nuevo consejo diferente al actual, en el que los políticos y representantes sindicales son mayoría. Además, la opción de convertir la ayuda del FROB en capital y que el Estado pase a tomar el control del banco malo de Bankia evita tener que poner más dinero público para sanear la entidad.
Abriendo el foco, la reestructuración del conjunto del sector vivirá otro episodio clave el próximo viernes, para cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado un nuevo decreto para dar una nueva vuelta de tuerca para reformar el sistema financiero español.
En esta segunda reforma, el Ejecutivo elevará las provisiones que exigirá a las entidades para garantizar su viabilidad tal y como avanzó ayer el líder del PP y, por otra parte, posiblemente pondrá en marcha una sociedad inmobiliaria. En ella, se agruparán los activos tóxicos de los bancos aunque, según advierten los expertos, para cubrir las pérdidas el Estado deberá inyectar fondos adicionales en el sistema financiero.
La decisión del Gobierno, una medida forzada por la creciente desconfianza sobre el sector financiero español, de revisar la reestructuración del sector supone un nuevo paso atrás en las promesas del Ejecutivo. El ministro del ramo, Luis de Guindos, todavía defendía el pasado 21 de abril que no iba a haber dinero público para que la banca sanease sus activos inmobiliarios. “Voy a ser claro y diáfano. Las entidades tendrán que ajustar la valoración de activos inmobiliarios en los balances. Y en ese proceso no habrá ningún tipo de ayuda pública”, afirmó el ministro desde Washington.
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