Se acabaron los fármacos gratis para los pensionistas.
Y, los demás, pagarán más por su parte. Pero el nuevo sistema, que vincula el porcentaje que se paga a la renta del paciente, con unos topes de pago mensual, implica un desafío mayúsculo para la gestión sanitaria. Habrá que redefinir el nivel de pago de cada uno, con una complicada gestión de datos de Hacienda, sobre todo en un país que después de 10 años de las transferencias todavía no ha conseguido que los distintos sistemas sanitarios estén conectados. La crisis y la necesidad de ajustes en sanidad —unos 7.000 millones— ha sido la causa de esta revolución aprobada ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están presentes las consejerías y el ministerio. Pero, curiosamente, su contribución económica va a ser mínima, según ha admitido la ministra de Sanidad, Ana Mato. Tiene más bien un papel “educativo”, para que los usuarios den valor a los medicamentos que reciben.
Entre los activos, también habrá un aumento de la aportación. Se quedará en el 40% si gana menos del límite no declarable, y llegará al 50% a partir de ahí. De nuevo, si se superan los 100.000 euros, la aportación sube, y llegará al 60%. Los parados pagarán como los activos, menos los que ya hayan agotado la prestación, que estarán exentos. Mato admitió que esta medida aportará solo unos “cientos de millones de euros”. Y que la implantación del sistema no puede ser inmediata. El PSOE calcula que la medida aportará, como mucho, 1.000 millones de euros. Otros expertos, como economistas de la salud, elevan la cifra hasta los 2.000 millones.
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